Se resuelve la batalla legal que tenía Shakira con Hacienda desde 2011.
La Audiencia Nacional da la razón a Shakira en la última causa legal que la cantante mantenía con la Agencia Tributaria, que deberá devolverle unos 60 millones de euros. Tras ocho años de litigio, el tribunal confirma que la artista no residía en España, según un comunicado de su equipo legal.
En 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, con 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo su sede empresarial en este país; aún así, Hacienda le obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos, lo que le generó grandes pérdidas.
En concreto, la Audiencia Nacional anula la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra Shakira, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011.
En su sentencia, el tribunal constata que la propia Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante durante el tiempo legal exigido para generar obligaciones tributarias, como mucho llega a 163 días entre jornadas certificadas y presuntas. La artista reconocía 143 días.
El fallo asegura textualmente que “esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días” y que, por tanto, “es obvio” que “las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho”. De igual forma, la Audiencia Nacional rechaza las llamadas "ausencias esporádicas".
“Tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”, reza la sentencia.
Hacienda ha retenido de forma indebida 60 millones de euros correspondientes al capital de trabajo de aquella gira mundial y sus gastos, según el bufete que asesora a la cantante. Una cantidad que ahora la Administración debe devolver, con intereses y el reembolso de los costes en los que la artista ha incurrido.
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